El panorama que describieron, mediante mesas de trabajo con maestros, dirigentes sociales y jóvenes, fue desesperanzador: estudiantes asesinados, castigos físicos y descalificaciones por docentes, profesores amenazados con armas de fuego, venta y consumo de estupefacientes, cobros de peaje, robos a la salida del plantel, abuso sexual, uso inapropiado de la tecnología para registrar y difundir agresiones de todo tipo, escuelas destruidas por actos vandálicos, balaceras en los alrededores de los centros educativos y aumento de jóvenes marcados por la violencia doméstica.
En el manifiesto se insta a organizaciones, instituciones públicas y personas vinculadas al mundo educativo a integrar una red nacional para promover la convivencia y la paz en las escuelas. La red propuesta por las organizaciones tendría entre sus prioridades la promoción y exigencia de políticas públicas que respondan al problema con planes y programas para fomentar el respeto a la vida, resguardo de la integridad personal, rehabilitación y protección de víctimas, seguridad de centros educativos, la relación escuela-comunidad, promoción del diálogo, formación en derechos humanos y cese de la impunidad. También pidieron la realización de investigaciones para lograr el diagnóstico, seguimiento y control del problema.
(El Nacional, pp. C-2, 29/05 - Adriana Rivera)
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