Cuando en enero pasado invadieron el edificio de la Prefectura de Caracas, el jefe de esa dependencia, Richard Blanco, advirtió que en lugar de dejar a los jefes civiles sin sede, deberían capacitar a esos funcionarios para evitar algunas mafias, como las que se trenzan en torno a la explotación sexual. "Hicimos varios operativos junto con la única juez de paz del municipio Libertador, Mary Martínez, en 6 de ellos encontramos a 3 adolescentes ejerciendo la prostitución y a 57 menores de edad consumiendo alcohol dentro de locales comerciales. Los casos fueron puestos a la orden de los consejos de protección y la Fiscalía. La mayoría estaba en bares y clubes nocturnos de Sabana Grande, pero también detectamos prostitución de niños en las parroquias Santa Rosalía, Catedral y Sucre. Suspendimos los operativos porque con el conflicto político, no nos podemos arriesgar a entrar a los establecimientos sin ayuda de la policía y del Ejecutivo", señaló Blanco.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se ejerce en Caracas en por lo menos 10 zonas claramente definidas. No existen cifras oficiales o, en todo caso, no son públicas. Sin embargo, la asociación no gubernamental Ambar ha efectuado durante más de una década investigaciones cualitativas que arrojan un mapa de los lugares donde siempre van clientes en busca de menores de edad. Un recorrido, entre las 11:00 pm y las 5:00 am, corrobora los aportes de la institución. No sólo ocurre en la avenida Casanova; hay niñas que venden un rato de placer en los alrededores de Plaza Caracas, la plaza Catia, el mercado de Coche, El Rosal, el Colegio de Ingenieros, y las avenidas Sucre, Baralt, Lecuna y Andrés Bello.
Las redadas no bastan. Fernando Pereira, experto de Cecodap, destaca que hay quienes piensan que la explotación sexual se reduciría con embestidas policiales, una práctica que fue cuestionada en el III Congreso Mundial Contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes, realizada el año pasado en Río de Janeiro con los países miembros de la ONU.
"Las redadas sólo ayudan para sancionar a quienes se dedican a explotar a estos chamos. Es necesario tener un programa para acompañarlos, brindarles la oportunidad de que aprendan un oficio, se sigan calificando y puedan generar recursos. Es fundamental crear una política pública en este sentido. Tener diagnósticos, sistemas de vigilancia, equipos de investigación asignados especialmente a ese problema, apoyo psicológico y terapéutico. Los operativos aislados terminan siendo de profilaxia social y con eso se les trata como delincuentes cuando en realidad son víctimas", opina Pereira.
(El Nacional, pp. C-1 y C-2, 19/4 – Leidys Asuaje)
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